Uniautónoma: Reflexiones sobre un Estado fallido. Por: Miguel Angel Garcés Villamil 

Ingenuidad democratica

Comentarios sobre política, derecho e historia colombiana.

Fuente – Blog del autor: http://ingenuidaddemocratica.blogspot.com.co/ 

miércoles, 4 de abril de 2018

Uniautónoma: Reflexiones sobre un Estado fallido.

Comienzan los debates presidenciales con propuestas sobre diferentes aspectos de la vida colombiana.  Sergio Fajardo ha planteado como su eje más importante la educación y sin lugar a dudas un cambio de políticas en esa materia permitiría pensar en un país con menor desigualdad que el actual.

Siendo válidas las discusiones sobre esos y otros temas, es necesario que los candidatos dejen de lado la diplomacia y comprendan que en muchos aspectos aunque formalmente existe una dependencia pública que regula determinadas actividades en la práctica su operatividad es nula y los ciudadanos nos encontramos en medio de una selva en que no existen normas ni quien las haga cumplir. Uno de los mejores ejemplos de lo anterior son algunas instituciones de educación superior (IES) que bajo el amparo de la autonomía universitaria se convierten en repúblicas independientes en las cuales sus autoridades (propietarios en realidad) hacen lo que desean sin tener el más mínimo rubor en incumplir las normas legales. En la actualidad, el caso de la Universidad Autónoma del Caribe demuestra esta afirmación.

Hace un lustro la Universidad se encontraba en una importante crisis por el proceso penal que se adelantó contra su anterior rectora que terminó con sentencias condenatoria en su contra. Los miembros de la Sala General (máximo órgano de administración de la Universidad)  no mostraron ningún reparo en continuar en sus cargos debido a que fueron asaltados en su buena fe por las actuaciones de la rectora. De esta manera pasaron de ser compadres a convertirse en testigos ante la justicia de sus acciones. Jamás consideraron que haber permanecido una década avalando todas las actuaciones de la administradora en desgracia tendría consecuencia alguna sobre ellos. Cinco años después, luego del paso de Ramses Vargas por la rectoría de la Universidad, en la cual despareció todo el patrimonio de la entidad, vuelven a tener la misma actitud. Nuevamente fueron engañados en su buena fe. Y tal como hace un lustro, quieren dar vuelta a la página y seguir como si nada hubiera pasado.

Sin embargo, algunos de los hechos ocurridos durante el último lustro hacen considerar que lejos de ser espectadores, algunos de los impolutos miembros de la Sala General que hoy se niegan a retirarse de sus cargos con la complacencia del Ministerio de Educación Nacional  fueron protagonistas principales de los mismos.

El 5 de Octubre de 2011 la Universidad Autónoma del Caribe mediante la escritura pública 1752 de la Notaria Novena de Barranquilla logró englobar un lote de más de 35 hectáreas sobre la vía a Cartagena que se denominó el Genovés. Mediante la Licencia Urbanística 617 de 2012 se autorizaron la construcción de un campus universitario en dicha área de terreno. La idea de trasladar la Universidad allí era visionaria debido a la ubicación del predio y a la posibilidad de ampliación del campus, situación que hubiera impactado de manera positiva a la entidad, además de ponerla a la vanguardia de las instituciones educativas del Caribe colombiano.

Dicho proyecto no se concretó y mediante la escritura 349 del 15 de marzo de 2013 de la Notaria Once de Barranquilla, la Universidad procedió a dividir el lote de su propiedad. De tal división resultaron dos lotes: El lote uno de 196.574,04 metros cuadrados y el lote dos de 149.741,02 metros cuadrados. No habiendo pasado quince días de realizar la división, la Universidad resolvió enajenar el lote dos, ( el más valioso por su ubicación y potencial de desarrollo) y mediante la escritura pública número 708 del 28 de mayo de 2013 transfirió su propiedad al Fideicomiso El Genoves por valor de $7.838.324.000. Se vendió una propiedad en la zona de mayor valorización de la ciudad a cómodos $52.345 metro cuadrado. Al parecer el asunto de que la Universidad no tiene ánimo de lucro fue tomado bastante en serio por quienes representaron a la Universidad en dicha negociación. Quien suscribió ese contrato de enajenación de ese activo fue el señor Mariano Romero Ochoa , actual Vicerrector del Medio Universitario, previamente autorizado por la Sala General de la Universidad de acuerdo a las actas 173 de marzo 30 de 2012 y ratificada en acta 180 de marzo de 2013 por los integrantes de la Sala, entre otros, señores Ramses Vargas, Mariano Romero, Paul García y Tamid Turbay.

El 29 de diciembre de  2014 mediante la escritura pública 1876 de la Notaria Once de Barranquilla, el señor Ramses Vargas previa autorización de la Sala General enajenaría el lote uno por un valor de $4.000.000.000 al Fideicomiso Alto Genovés como beneficio en fiducia mercantil- El 27 de octubre del año 2017 dicho inmueble volvería al patrimonio de  la Universidad como restitución de aporte de beneficio de acuerdo a la escritura pública número 3426 del 27 de octubre de 2017. Menos de un mes después, la Universidad volvería a enajenar este inmueble, esta vez, al Fideicomiso Oportunidades Inmobiliarias por un valor de $1.022.316.000. El mismo inmueble que fue enajenado por 4.000 milones en 2014 fue transferido tres años después por el 25% de su valor, una cifra apenas superior a 1.000 millones de pesos.

El pasado 21 de diciembre de 2017 cuando comenzaba a acentuarse la crisis de la Universidad, la Sala General y el Consejo Directivo de la Universidad ( que salvo los representantes de estudiantes y profesores en el Consejo Directivo tienen los mismos integrantes) respaldaba de manera unánime la gestión del rector Ramses Vargas según publica la página web de la Universidad en dicha fecha. En esa fecha se nombraba a la señora Sandra Devia como presidenta de la Sala General de la institución. El comunicado de prensa que anunciaba su nombramiento indicaba: Dentro de los motivos de la Sala General para escoger a Devia, están su exitoso desempeño profesional, tanto en el sector público como en el privado. Además del acompañamiento que ha realizado, desde los inicios, a la administración del rector Ramsés Vargas Lamadrid en la institución. Devia es egresada de la Universidad Autónoma del Caribe. Actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Educación Superior de la Costa Caribe (Asiesca). La Sala la describió como una “persona leal, de confianza, una trabajadora comprometida con la institución y al servicio de ella”. (tomado de https://www.uac.edu.co/noticias-generales/item/3187-sandra-devia-fue-nombrada-como-la-nueva-presidenta-de-la-sala-general-de-la-universidad-autonoma-del-caribe.html).

Faltaba indicar en dicho comunicado que además de todas las virtudes teologales de la nueva presidenta de la Sala General, la misma también era contratista de la Universidad, tal como se demuestra con el contrato OJ-076- del 28 de marzo de 2016, mediante el cual se contrata al CONSORCIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES SAS con NIT 800.211-293-0 por $300.000.000. La señora Devia Camacho es la representante legal de tal sociedad, situación por la cual en la época que firmó y ejecutó ese contrato tuvo la doble condición de contratista y miembro de la Sala General y el Consejo Directivo de la Universidad. Y nadie podía decir nada porque para eso existe la autonomía universitaria.[1]

La veracidad de la anterior información puede verificarse observando los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles en cuestión (040-476402,040-491992 y 040-491993) y las respectivas escrituras públicas. Es una tarea de horas y en el peor de los casos de pocos días. Incluso sobre el lote 2, aquel cuya escritura firmó el actual Vicerrector del Medio Universitario la Fiscalía General de la Nación el 1 de diciembre de 2016 oficio para que se registrara la prohibición de enajenación. Dicha orden fue revocada con inusual velocidad el 22 de febrero de 2017.

Lo anterior simplemente para verificar que tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Educación Nacional tienen en su poder los documentos y las pruebas para actuar en el caso de la Universidad Autónoma del Caribe y sorprende que ante hechos tan evidentes como enajenaciones de inmuebles por valores irrisorios que no admiten mayor análisis no tomen ninguna decisión. Parecieran estar esperando que quienes participaron en las actividades que dieron como resultado la actual crisis de la Universidad se insolventaran y tercerizaran los frutos de sus “hazañas” para llamarlos a responder. ¿Será que pasara lo mismo que con Palacino de Saludcoop que ya cuando fue capturado por las autoridades lo único que tiene para responder por sus acciones es la ropa que tenía puesta el día de la detención.?

A todas estas, a los miembros de la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe no les pasa por la cabeza que la recuperación moral y económica de la Universidad depende de su retiro. Algunos de ellos nombrados por su cercanía con el anterior rector y sin ningún antecedente para tener esa dignidad se niegan a retirarse de sus cargos mientras que los más antiguos entienden que el problema no es con ellos y simplemente esperan que se calmen las aguas para seguir de manera vitalicia rigiendo los destinos de la entidad. Con la excepción de Orlando Abello quien renunció a todos los cargos en la Universidad y denunció penalmente al Secretario adulterador (él mismo que invitaba diariamente a actos religiosos a todos los miembros de la comunidad universitaria) nadie parece tener la intención de retirarse de su cargo. El Ministerio de Educación con base en las facultades que le confiere la ley 1740 de 2014 podría suspender a algunos de los miembros de la Corporación sobre los cuales tiene abundante material probatorio sobre sus comportamientos irregulares. Sin embargo, en la medida en que el tema desapareció de los medios de comunicación las acciones del Ministerio brillan por su ausencia y su papel de notario no colabora en nada a restablecer la confianza de los estudiantes, empleados y padres de familia.

A algunos amigos que todavía continúan en la Universidad como docentes quieren cargarles la responsabilidad por el futuro de la entidad. Lejos de que les deban meses de salario se les dice que deben seguir dando clase para salvarla. Muchos están dispuestos a hacerlo, pero dicho sacrificio tiene que tener como contraprestación que aquellos que por complicidad o ineptitud consintieron el saqueo del faraón se retiren de la Universidad. No puede cambiar todo para que toda siga igual. El Ministerio de Educación Nacional y la Fiscalía no acaban de enterarse de estos temas. Su accionar debía responder a la expectativa que miles de familias tienen de continuar con la educación universitaria de sus hijos por la cual pagaron. El estado vegetativo en que están quedando las investigaciones de las autoridades competentes demuestran de hecho que nos encontramos ante un estado fallido que no hace respetar los derechos de los ciudadanos. Ojalá pronto nos demuestren que estamos equivocados.

 

[1] Información tomada de la página 59 del Infome de Visita Administrativa  del Ministerio de Educación Nacional a la Universidad Autónoma del Caribe de Enero 30 de 2018.

Miguel Angel Garcés Villamil en 10:28

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